Snap cerró el caso antes de que empezara de verdad. El lunes 2 de noviembre, en plena selección del jurado en Los Ángeles, la empresa matriz de Snapchat llegó a un acuerdo confidencial con dos adolescentes que la acusaban de haber diseñado la aplicación para fomentar el uso compulsivo y dañar su salud mental. No hay cifra pública, no hay admisión de culpa y, sobre todo, no habrá juicio: el que iba a ser el primer juicio de Snap en esta oleada de demandas terminó antes de los alegatos iniciales.
El acuerdo, anunciado por los abogados de las demandantes y recogido por Reuters ese mismo día, llegó dos días antes de los alegatos, previstos para el 4 de noviembre. Y con él se esfumó el momento que muchos esperaban: el testimonio bajo juramento de Evan Spiegel, cofundador y consejero delegado de Snap, que iba a declarar sobre cómo se diseñó Snapchat y qué sabía la empresa de sus efectos en los menores. CNBC informó del acuerdo el 7 de noviembre.
El acuerdo llegó en plena selección del jurado
La selección del jurado había empezado el miércoles 28 de octubre en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, ante la jueza Carolyn B. Kuhl. Era el segundo juicio de referencia —lo que en el sistema estadounidense se llama un bellwether, un caso de prueba— dentro del litigio coordinado de las redes sociales, conocido como JCCP 5255, que agrupa en Los Ángeles más de 3.000 demandas de particulares. Los alegatos iniciales estaban fijados para el 4 de noviembre.
El acuerdo se cerró el lunes 2 de noviembre, cuando la selección del jurado llevaba cinco días. Los abogados de las demandantes lo anunciaron ese mismo día, y Snap confirmó después que las partes estaban satisfechas de haber resuelto el asunto de forma amistosa. Los términos son confidenciales: no se ha divulgado ninguna cantidad ni existe un documento público que detalle qué aceptó cada parte.
Que el caso fuera un bellwether es lo que lo hacía importante. Estos juicios se eligen entre miles de demandas parecidas para probar los argumentos ante un jurado, y su resultado suele marcar cómo se resuelven los casos que vienen detrás. Con el acuerdo no hay veredicto ni precedente: el tablero queda como estaba, salvo que las cuatro empresas demandadas ya han pactado para no llegar al final en este caso.
Quiénes son S.J. y K.D.B. y qué denunciaban
Las demandantes se identifican en los documentos judiciales solo por sus iniciales: S.J., una chica de 16 años de Illinois, y K.D.B., una joven de 18 años de Mississippi. Ambas demandaron en 2023.
Según la demanda, las dos empezaron a usar YouTube con 3 o 4 años y el resto de las plataformas alrededor de los 9. Lo que denuncian no es un contenido concreto, sino el diseño: la reproducción automática, el desplazamiento infinito, las rachas de Snapchat y los feeds algorítmicos que, según su versión, están pensados para que resulte difícil dejar de usar la aplicación. Las consecuencias que alegan son depresión, ansiedad y trastornos alimentarios.
Conviene decirlo con claridad: son alegaciones, no hechos probados por un jurado en este caso. Las empresas niegan que sus plataformas causen esos daños. La teoría legal que está detrás, y que es la novedad de este litigio, es la del diseño negligente: no se juzga lo que los usuarios publican, sino si la forma en que está construida la aplicación es, en sí misma, un producto defectuoso. Esa es la tesis que un jurado de Los Ángeles aceptó en parte en el primer juicio, en marzo, y la que las empresas han evitado volver a poner a prueba desde entonces.
Snap era la última empresa en pie
Cuando se cerró el acuerdo con Snap, las demás demandadas ya habían salido del caso. TikTok y YouTube habían pactado con las dos familias antes del juicio, y Meta hizo lo propio en dos tiempos: con S.J. poco antes del inicio y con K.D.B. el viernes 30 de octubre, dos días después de que empezara la selección del jurado. Snap se quedó sola, y el juicio que iba a empezar era el primero al que la empresa se enfrentaba en este litigio.
No era la primera vez que Snap evitaba el estrado. La empresa ya había llegado a acuerdos antes de que empezaran otros juicios programados, incluido el del primer caso de Los Ángeles y otro fijado para agosto de 2026. La pauta se repite: cuando llega el momento de que un jurado examine los documentos internos y escuche a los directivos, la empresa prefiere pactar. TikTok, que también había sido demandada en este caso, siguió el mismo camino antes del juicio, y lo mismo hicieron YouTube y Meta, cada una en su momento.
El testimonio que no se escuchará: Evan Spiegel
Lo que el acuerdo evita, más que el juicio en sí, es un testimonio. Evan Spiegel, cofundador de Snap y su consejero delegado desde que creó Snapchat con 21 años, iba a declarar sobre el diseño de la aplicación y las medidas de seguridad. Antes de que Meta cerrara sus propios acuerdos, también estaban en la lista de testigos Mark Zuckerberg, consejero delegado de Meta, y Adam Mosseri, responsable de Instagram. Ninguno de los tres tendrá que declarar en este caso.
Un testimonio así no es un trámite. El directivo no solo responde por lo que hizo la empresa, sino por lo que sabía y cuándo lo supo: los documentos internos sobre el diseño, las decisiones sobre qué funciones lanzar y para quién, y las discusiones sobre los efectos en los usuarios más jóvenes. Es el tipo de declaración que genera titulares durante semanas. Por eso el abogado principal de las demandantes, Mark Lanier, resumió el acuerdo con una frase que dice mucho de su estrategia: «Las familias no deberían tener que ir jurado por jurado para resolver un problema tan grande».
Snap mantiene su versión: un portavoz dijo a ABC News el 28 de octubre que las alegaciones tergiversaban las experiencias de las demandantes y el diseño de la plataforma, y tras el acuerdo la empresa señaló que ha incorporado medidas de seguridad y trabaja con expertos. No hay admisión de responsabilidad: pactar, en este contexto, no es reconocer culpa, sino cerrar un riesgo.
El antecedente de marzo: 6 millones contra Meta y YouTube
Para entender por qué todas prefieren pactar, hay que mirar al primer juicio de referencia, en marzo de 2026: un jurado de Los Ángeles concluyó que Meta y YouTube habían sido negligentes en el diseño de sus productos y concedió 6 millones de dólares en daños a una joven identificada como Kaley G.M.: 4,2 millones a cargo de Meta y 1,8 millones a cargo de Google.
Fue el primer veredicto de un jurado en todo este litigio, y por eso pesó tanto: hasta entonces, la tesis del diseño negligente era una teoría sin probar ante un jurado. La cantidad no es lo relevante; lo relevante es que la puerta quedó abierta.
Desde ese veredicto, la secuencia ha sido siempre la misma: se fija un juicio, las empresas pactan una por una y el caso se cierra sin veredicto. Pasó en el primer juicio de Los Ángeles, pasó en agosto y ha vuelto a pasar ahora.
Los 17.100 millones de Meta: la cifra que hay que leer con cuidado
Dos meses antes, el 26 de agosto de 2026, Meta acordó pagar al menos 12.100 millones de dólares en diez años para resolver las demandas de 51 estados y territorios que la acusaban de diseñar Instagram y Facebook para enganchar a los menores. La cifra que se repite en los titulares, 17.100 millones, es el techo del acuerdo, no el compromiso: los 5.000 millones restantes solo se pagan si Snap, TikTok y YouTube adoptan medidas similares.
El pacto se cerró en mitad de un juicio federal en Oakland, ocho días después de que empezara. Además del dinero, Meta aceptó cambios en sus productos: un límite diario de dos horas para los menores de 18 años en Instagram y Facebook, que bajaría a una hora por aplicación si las demás empresas se suman, bloqueos nocturnos y acceso limitado en horario escolar.
Hay dos matices que conviene no perder. El primero es que ese dinero no va a las familias: es un acuerdo entre gobiernos, y lo reciben los estados, no los particulares. No hay un fondo al que puedan reclamar los padres o los adolescentes afectados. El segundo es que Texas llegó a su propio acuerdo por separado, de unos 1.000 millones, y que Nuevo México y Florida no forman parte del pacto. Aun así, es el mayor acuerdo de una gran tecnológica en la historia. Meta, como Snap, no admitió haber hecho nada malo.
La cifra de 17.100 millones, por tanto, no es lo que Meta va a pagar seguro, sino lo que pagaría como máximo si las demás empresas se suman. Y aquí está la conexión con el acuerdo de Snap: cada pacto individual acerca o aleja ese techo. Meta, la empresa detrás de Facebook e Instagram, es también la que más ha pagado hasta ahora. Las medidas para proteger a los menores en redes sociales, en cualquier caso, ya no son un debate teórico: están escritas en acuerdos judiciales.
Qué queda pendiente: marzo de 2027 y miles de casos
El acuerdo con Snap cierra solo estos dos casos. El litigio sigue abierto: más de 3.000 demandas coordinadas en el Tribunal Superior de Los Ángeles y un litigio federal paralelo, el MDL 3047, en Oakland, con demandas de distritos escolares y fiscales generales. Los próximos juicios de referencia están fijados para marzo de 2027, y en ellos volverá a ponerse a prueba la tesis del diseño negligente.
La pregunta es si en marzo se repetirá el guion: fijar el juicio, pactar una por una y cerrar sin veredicto. Los abogados de las familias creen que no puede repetirse para siempre, porque cada acuerdo cuesta dinero y cada juicio evitado deja sin resolver la cuestión de fondo. Las empresas, por su parte, tienen un incentivo claro para seguir pactando: un veredicto en contra no solo cuesta dinero, sino que obliga a cambiar el producto. Joseph McNally, exfiscal federal en funciones en California y hoy director de litigios en el bufete McNicholas & McNicholas, lo resumió así para CNBC: los acuerdos reflejan que las empresas intentan limitar el escrutinio público tras un año de juicios muy visibles sobre la seguridad infantil.
Mientras tanto, la presión no viene solo de los tribunales. España ya prohibió las redes sociales a menores de 16 años, y las regulaciones y el debate sobre la protección infantil en redes sociales avanzan por dos vías a la vez: los juicios, que castigan el pasado, y las leyes, que intentan ordenar el futuro. El acuerdo de Snap no resuelve ninguna de las dos, pero confirma que ninguna empresa quiere ser la primera en perder un juicio así delante de un jurado.
Una semana en la que todo se movió a la vez
El acuerdo no llegó en una semana tranquila para Snap. El martes 4 de noviembre, dos días después del pacto, la empresa presentó sus resultados del tercer trimestre: ingresos de 1.720 millones de dólares, un 14% más que el año anterior, y un beneficio neto de 56 millones, frente a unas pérdidas de 104 millones un año antes. Pero los usuarios diarios se quedaron en 495 millones, por debajo de los 499 millones que esperaba el mercado, y las acciones cayeron alrededor de un 11% tras el cierre.
La misma semana, Meta, Google y TikTok demandaron para bloquear la ley de California AB 1709, que prohíbe ofrecer a los menores de 16 años funciones que el estado clasifica como «psicológicamente explotadoras», como las recomendaciones personalizadas y la reproducción automática. Argumentan que la ley viola la Primera Enmienda, pasa por encima de la autoridad de los padres y choca con la Sección 230. Es el otro frente de la misma guerra: mientras unos juicios castigan el diseño del pasado, las empresas pelean para que no les prohíban el del futuro.
Y también esa misma semana, según CNBC, unos padres demandaron a Google por la crisis de un adolescente tras usar Gemini, su asistente de inteligencia artificial, en Google Classroom. El caso es distinto —ya no es solo una red social, sino una herramienta de IA en la escuela—, pero el argumento es el mismo: que la tecnología se diseñó sin pensar en los menores que la iban a usar.
Todo junto dibuja un momento claro. La discusión ya no es si hay que proteger a los adolescentes, sino quién paga por no haberlo hecho antes y qué hay que cambiar en el diseño para que no vuelva a pasar. Snap ha elegido pagar en privado, sin veredicto y sin testimonio de su consejero delegado. En marzo de 2027, cuando se sienten los próximos jurados, se verá si esa estrategia sigue funcionando.
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